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Infraestructura colombiana, entre abogados e ingenieros

Mientras en  el mundo, las infraestructuras están en manos de ingenieros,  en Colombia están en manos de abogados, jueces y procuradores. El grueso de las obras de envergadura tiene líos. Tribunales de arbitramento, acciones populares, medidas cautelares, entre otras son pan de cada día.

El laudo del tribunal de arbitramento de la Ruta del Sol II del pasado 6 de agosto declaró nulo el contrato de concesión y reconoció que la Agencia Nacional de Infraestructura deberá pagar a la concesionaria 211.000 millones de pesos. Este monto deberá ser utilizado para cubrir las deudas  con terceros de buena fe. 

El laudo ha significado un duro golpe para la financiación proyectos de infraestructura  entre las cuales se encuentran las 29 concesiones del programa 4G ya que las instituciones financieras que financian este tipo de obras no tienen la seguridad jurídica de que les devuelvan los dineros invertidos si se presentan situaciones de corrupción.

Si lo anterior es un fuerte golpe a la viabilidad de los proyectos de infraestructura, las medidas cautelares emitidas por jueces en el marco de demandas y acciones populares de carácter político aunado al inicio de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación  con la subsecuente solicitud de  suspensión de los procesos de contratación tienen paralizada buena parte de las obras de infraestructura.

Esta combinación de realidades ha contribuido a crear la tormenta perfecta que tiene en vilo las obras de infraestructura en Colombia.

No obstante lo anterior, en 2018, el sector de la infraestructura obtuvo ingresos de 38,7 billones de pesos con un crecimiento del 6 % frente al año anterior. En términos de liderazgo, Conconcreto, Odinsa, Condor y Colpatria cuentan con activos superiores a los 2 billones de pesos y son los líderes en concesiones.   De acuerdo con el ranking de este año existen 10 firmas con activos superiores al billón de pesos (ver cuadro).

En conclusión se podría afirmar que la falta de sentido común de funcionarios públicos, abogados, partidos políticos y jueces tiene a la construcción de infraestructura en un túnel sin salida o será mejor decir en el plano de un túnel sin salida.

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